La sesión se desarrolló en español y congregó a una audiencia interesada en mirar más allá de las causas y actores de los conflictos armados, para centrarse en la situación de las víctimas y la protección y atención que requiere el sufrimiento que padecen. Para ello, contamos con la participación de Concepción Escobar, directora del Centro de Estudios de Derecho Internacional Humanitario de Cruz Roja, y catedrática de Derecho Internacional Público, que ha dirigido también, entre otras instituciones, la Asesoría Jurídica Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, y ha sido representante de España en la Corte Internacional de Justicia y en el Tribunal Internacional de Derecho del Mar. A lo largo de su trayectoria, ha recibido numerosas condecoraciones, entre ellas la Gran Cruz al Mérito Civil, la Encomienda del Número de Isabel la Católica y la Cruz de Plata de la Guardia Civil.
La profesora Escobar comenzó su intervención subrayando dos datos de especial relevancia para el tema de la ponencia: actualmente existen un total de 120 conflictos armados activos en el mundo, todos ellos con participación de actores no estatales, de los cuales 60 son conflictos armados entre Estados; y, como consecuencia directa de estos conflictos, 300 millones de personas requieren asistencia humanitaria y protección. A ello se suman los efectos indirectos, tales como el desplazamiento forzoso o la destrucción constante de cultivos e infraestructuras.
Concepción Escobar señaló que la comunidad internacional debe focalizar su atención en la protección de las víctimas, destacando la labor humanitaria de organismos como el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, la mayor red humanitaria del mundo “presente en todas las culturas y religiones sin discriminación”. La catedrática se remontó a la Batalla de Solferino de 1862 para recordar la fundación de la organización y rememorar la primera acción de socorro internacional independiente de la historia, protagonizada por el suizo Henry Dunant, quien atendió a multitud de heridos en el campo de batalla del conflicto franco-prusiano, y que, al regresar a Suiza, puso en marcha el inicio del movimiento de Cruz Roja.
En relación con la protección de las víctimas de los conflictos, destacó la necesidad de una estructura jurídica de normas e instrumentos que regulen ciertos aspectos de la guerra como los medios utilizados, la licitud de un ataque o cómo actuar con los prisioneros de guerra, con el fin de hacer la guerra más humana y garantizar que sus víctimas sean tratadas con un mínimo de humanidad. Escobar subraya la labor de la Agencia Central de Búsquedas, que se encarga de poner en contacto e identificar dónde se encuentran los prisioneros y detenidos, así como las autoridades a las que están sometidos.
En el contexto actual, han surgido nuevos retos esenciales para la protección de las víctimas, derivados de nuevas tipologías de conflictos. Entre ellos, las guerras urbanas —como se ha visto en Siria, Ucrania y Gaza— plantean problemas como la dificultad de acceso de los actores humanitarios a las zonas afectadas y la dilución entre víctimas y población civil frente a agresores y combatientes. La guerra híbrida —utilizada para confundir tanto a la población civil como al enemigo mediante la desinformación—, la ciberguerra y el terrorismo adquieren cada vez mayor protagonismo en los conflictos armados. A este respecto, Escobar subrayó la importancia de distinguir entre terrorismo y conflicto armado, dos realidades distintas que requieren soluciones diferentes. También destacó la aparición de actores no estatales, que se mezclan entre la población y dificultan las labores humanitarias, así como la nueva realidad tecnológica, que convierte herramientas digitales en armas mediante ciberoperaciones contra hospitales y centros gestionados por organizaciones humanitarias.
Todas estas condiciones han favorecido la aparición de nuevos retos y necesidades en lo que respecta a la atención de las víctimas. La situación ha cambiado en tal medida que ya no es suficiente con hacer frente a los ataques militares: se requiere una mayor asistencia humanitaria, garantías de seguridad y la adopción de medidas de protección en la fase del posconflicto, donde es fundamental la asistencia al desarrollo. En la mayoría de casos, aunque la protección de las víctimas es una obligación de los Estados, las autoridades no disponen del tiempo y recursos necesarios para asumirla, lo que implica que son las instituciones humanitarias las que se encargan de prestar la totalidad de la asistencia. En este contexto, explica Concepción Escobar, surgen dificultades que constituyen un reto de gran importancia, como son las sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y otros organismos internacionales. Estas sanciones impiden a la Cruz Roja y la Media Luna Roja prestar apoyo y atención, mantener contacto o recibir financiación de personas, Estados y organizaciones incluidas en las sanciones, lo que dificulta en gran medida la labor sobre el terreno de las organizaciones humanitarias, que reciben financiación de Estados y fondos humanitarios y verdes.
Para finalizar su intervención, Concepción Escobar resaltó uno de los mayores logros del Derecho Internacional Humanitario y el Movimiento de Cruz Roja: la incorporación de emblemas protectores que distinguen a la Cruz Roja para mitigar ataques. Además, mencionó el lanzamiento de un proyecto destinado a crear emblemas digitales, principalmente para hospitales y sedes humanitarias sobre el terreno, con el fin de reducir también los ataques digitales.
La sesión virtual concluyó con una ronda de preguntas sobre los temas tratados y moderada por el director general del INCIPE, Vicente Garrido, donde se subrayó la importancia de denunciar las violaciones del Derecho Humanitario, la importancia de proteger a la población civil del terrorismo y otros actores estatales, y de no olvidar otros conflictos latentes en diferentes partes del mundo.
Marina Urizarna
Asistente de comunicación, INCIPE