La defensa de los Derechos Humanos es un tema inabarcable, pero se basan en el principio de que la persona es sagrada y su protección debe moverse en una dimensión político – institucional que se apoya en la Carta de las Naciones Unidas (que tiene por objetivo promover la paz, la cooperación internacionales y los Derechos Humanos) y en el Estado de Derecho, que se caracteriza por la separación de poderes, Imperio de la Ley y protección de los DD.HH..
En la actualidad, la ONU tiene varias herramientas para la defensa de los Derechos Humanos: en primer lugar, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como los 9 tratados y/o comités (sobre temas de raza, mujer, tortura, protección de la infancia); pero también la Oficina del Alto Comisionado y, sobre todo, el Consejo de Derechos Humanos. Este Consejo fue creado en 2006 y sus 47 miembros se eligen de acuerdo a un reparto geográfico en el que los países asiáticos, africanos y latinoamericanos tienen 13 asientos cada uno, 7 los países occidentales y 6 los Estados de Europa Oriental.
La principal función del Consejo es elaborar el Examen periódico Universal (EPU) en el que los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas se someten a un escrutinio sobre la situación de los DD.HH. dentro de sus fronteras. Aunque el Consejo no tiene poder ejecutivo, la presión de someterse a este examen redunda en un mayor respeto a los DD.HH.. Además, el Consejo también cuenta con la opción de activar Procedimientos Especiales para abordar situaciones específicas de violaciones de DD.HH., bien en áreas temáticas o en un país en concreto.
España forma parte del Consejo hasta 2020 y su actuación se centrará hasta entonces en 3 áreas temáticas para las que se consignan 6 objetivos mayores. Así, España apuesta por la defensa de la dignidad humana y los derechos humanos, el apoyo a la democracia y al Estado de Derecho, así como el Desarrollo Sostenible. Estas prioridades se concretan en seis propósitos: luchar contra la pena de muerte, a través de un avance gradual hasta llegar a su derogación, eliminar la discriminación por razones de género y orientación sexual, defender los DD.HH. de las personas con discapacidad, fomentar el derecho de acceso al agua potable y al saneamiento, proteger a los defensores de los Derechos Humanos y asegurarse de que las empresas respetan escrupulosamente estos derechos.
El compromiso de España con los DD.HH. bebe de su absoluto respeto dentro de las fronteras del país, como así lo reconocen los 180 miembros de la Asamblea General de la ONU que votaron a favor del ingreso de España en el Consejo de Derechos Humanos.
Pablo Blanco
