El crimen organizado y el terrorismo internacional comparten numerosos puntos de convergencia, entre los que destacan su estructura jerárquica, la distribución sistemática de tareas y su carácter atemporal. Ambos representan una grave amenaza para la seguridad ciudadana, al tratarse de actividades criminales de alta complejidad y alcance global.
Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial y los acuerdos de paz, surgieron grupos armados vinculados a las principales esferas de poder. Sin embargo, el final de la Guerra Fría marcó un cambio radical: la ruptura de los bloques geopolíticos redujo el apoyo financiero a estos grupos, que se vieron forzados a diversificar sus fuentes de financiación mediante actividades ilícitas como la extorsión, el tráfico de drogas y de armas. Es en este contexto donde terrorismo y crimen organizado comienzan a entrelazarse, compartiendo tácticas y objetivos comunes en algunos casos.
A pesar de estas similitudes, también existen diferencias notables. Entre ellas, destaca la estrategia de comunicación: mientras el crimen organizado opera desde la discreción para proteger sus operaciones, el terrorismo internacional prioriza la difusión y la propaganda para captar adeptos y amplificar el impacto de sus acciones. Ejemplo de ello es Daesh, que ha demostrado una capacidad sofisticada para usar redes sociales y controlar medios propagandísticos como la revista Dabiq, empleando el factor mediático como una herramienta fundamental.
En este escenario, es imperativo que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado desarrollen estrategias robustas y adaptadas a estas amenazas. Tanto el crimen organizado como el terrorismo emplean infraestructuras avanzadas y técnicas innovadoras que desafían continuamente las capacidades de los Estados. La mejora de la legislación nacional, ajustándola a los modus operandi actuales, así como una cooperación estrecha a nivel cívico-militar e interestatal, son esenciales para identificar individuos clave y controlar sus movimientos.
El encuentro concluyó con un turno de preguntas que abordó temas cruciales como el papel de la seguridad privada, la labor de Europol y los desafíos que plantea el control de los movimientos de personas por razones humanitarias, abriendo el debate sobre cómo equilibrar seguridad y derechos fundamentales.
Aranzazu Álvarez