La sesión discurrió en torno a la cuestión de qué hace falta para llevarla a la práctica la descarbonización, así como conocer las virtudes y los límites de sus principales modelos regulatorios y las dificultades reales de su implantación según sectores y países. Para abordar estas cuestiones, INCIPE contó con la ponencia de Joaquín Pérez de Ayala, nacido en Madrid, ingeniero industrial por el ICAI que suma más de treinta años de experiencia en puestos de alta responsabilidad en el sector energético, con una trayectoria ligada sobre todo a Endesa y a Técnicas Reunidas. En Endesa fue experto del departamento de regulación del sector eléctrico y director de gabinete del presidente y consejero delegado entre 2000 y 2008, además de consejero de varias participadas del grupo, como Elcogas, Chilectra y Endesa Italia. En Técnicas Reunidas lideró desde 2018 el área de desarrollo corporativo y la de relación con inversores, hasta la ampliación de capital de 2023.
Pérez de Ayala arrancó su intervención situando la descarbonización en la conocida curva de Gartner, que describe el ciclo de toda tecnología emergente. Entre 2021 y comienzos de 2024 dominó, en sus palabras, un exceso de euforia; la segunda mitad de 2024 y el año 2025 trajeron el desinflamiento. Y, sin embargo, sostuvo Pérez de Ayala, el sector está resistiendo, igual que el ferrocarril británico, la electrónica japonesa o las puntocom, industrias que atravesaron el mismo desencanto antes de consolidarse. Su previsión es una paulatina recuperación de la inversión a partir de finales de 2026.
El ponente ordenó el proceso como una hoja de ruta de sentido único: medir la huella de carbono, mejorar la eficiencia, electrificar con energía baja en emisiones (solar, eólica, nuclear o ciclos combinados con captura) y, allí donde la electrificación no llega, sustituir combustibles por biomasa, hidrógeno o sus derivados, capturar el carbono cuya emisión no se ha podido evitar, como en el cemento, y compensar lo que aún se emite. Citando una estimación de ExxonMobil, calculó que en torno al 60% de la inversión asociada a la descarbonización corresponde a los electrones y el 40% a las moléculas, terreno este último en el que se especializa Técnicas Reunidas. La idea de fondo la resumió con una imagen futbolística: igual que España no ganó el Mundial de 2010 con once Iniestas, no existe una única tecnología ni una “bala de plata” que lo resuelva todo. Todas son necesarias.
Construir esas cadenas de valor, advirtió, dista de ser sencillo. Lo ilustró con la cadena del combustible sostenible de aviación sintético (e-SAF), cuyos procesos industriales combinan carbono biogénico procedente del procesamiento de materia prima de origen no fósil. hidrógeno renovable obtenido por electrólisis para su posterior conversión a e-SAF. Los obstáculos se acumulan: la disponibilidad de residuos suficientes a lo largo de la vida útil de una planta, veinte años en los que su composición puede cambiar; el coste de la energía renovable y la competencia por esta de un rival inesperado, la inteligencia artificial, capaz de pagar por esa electricidad mucho más de lo que soporta un proyecto de hidrógeno; o el desarrollo de las redes eléctricas necesarias para alimentar los electrolizadores. El alineamiento de estas y otras necesidades, resumió, se condensa en una palabra: bancabilidad; esto es, si el conjunto de la cadena resulta financiable para inversores y entidades financieras, teniendo en cuenta todas las condiciones que afectan a la cadena de valor en su conjunto.
A esa complejidad se añade una escala física que a menudo se pasa por alto. Descarbonizar toda la producción de acero de la Unión Europea con energía renovable exigiría más de la generación total de electricidad de España en 2024; y capturar el carbono de una planta de cemento de tamaño medio obligaría a mover medio centenar de vagones de tren al día. A ello se suman unos largos plazos de obtención de permisos que penalizan la competitividad y el aprendizaje, respecto a otros países más ágiles como China, que vende ya metanol y amoníaco renovables a grandes empresas occidentales y se familiariza con un mercado que será decisivo.
Los precios de los productos de bajas emisiones de carbono añaden dificultades a las decisiones de inversión. Frente al alrededor de 60 euros por megavatio hora del queroseno convencional, los combustibles sintéticos llegan a multiplicar ese coste por diez. La repercusión del sobrecoste en el consumidor final, sin embargo, es muy desigual: el combustible sintético podría encarecer un billete de avión entre un 12% y un 15% en el horizonte de 2040, mientras que el cemento bajo en carbono sumaría un 3% al precio de una vivienda y el acero descarbonizado en torno a un 1% al de un coche. De ahí que Pérez de Ayala insistiera en una descarbonización selectiva, concentrada en las cadenas capaces de absorber ese sobrecoste.
En el plano regulatorio, defendió que la buena norma es la que hace viables las ambiciones, con metas realistas y rutas practicables. Europa ha podido pecar de un exceso de ambición, y el propio Tribunal de Cuentas Europeo calificó en 2024 de poco realistas sus objetivos de hidrógeno de bajas emisiones, y reivindicó pasos intermedios hoy infravalorados, como el hidrógeno azul. Añadió que la financiación pública tampoco ha fluido como prometían los titulares: en la segunda subasta europea del hidrógeno solo uno de cada cinco proyectos presentados resultó adjudicado y, de los quince seleccionados, apenas seis llegaron a formalizar el contrato de subvención.
Cerró su exposición con la competitividad y una advertencia terminológica. Prefiere hablar de adición energéticay no de transición energética porque, según recordó apoyándose en un artículo de Daniel Yergin, el consumo mundial de carbón, petróleo y gas sigue creciendo en términos absolutos. Solo se percibe una transición energética cuando se habla de aportaciones porcentuales al mix de suministro energético. Con datos de Boston Consulting Group mostró cómo Europa pierde peso industrial frente a China y Estados Unidos. La industria, matizó, no reniega de la descarbonización: pide compaginarla con su competitividad.
En un ejercicio cualitativo realizad con inteligencia artificial, comparó bajo diversos criterios la facilidad para producir combustibles bajos en emisiones a precio competitivo en las tres regiones. El análisis, situó a Europa como la más rezagada y la más lejos de la autosuficiencia por esta vía, por detrás de China y de Estados Unidos, que dispone de los mejores recursos para la autosuficiencia basada en combustibles de bajas emisiones.
El debate posterior recorrió buena parte del mapa energético. Se abordaron cuestiones como el papel de la energía nuclear como fuente muy adecuada para producir hidrógeno de bajas emisiones, debido a su capacidad de proporcionar factores de carga elevados a los electrolizadores; la difícil independencia energética considerando la dependencia a los fabricantes chinos de tecnologías necesarias para la descarbonización; , el mecanismo de ajuste de carbono en frontera (CBAM) y el riesgo de deslocalización; el impacto real de las políticas energéticas de Donald Trump sobre los proyectos heredados de la era Biden; el creciente protagonismo de los países del Golfo en la producción de energías de bajas emisiones; por ejemplo, Arabia Saudita tiene en diseño el mayor proyecto mundial de amoníaco verde, orientado a la exportación a Europa, y la directiva ómnibus de sostenibilidad de la Unión Europea.
Sobre España, Pérez de Ayala describió un país con condiciones idóneas para los derivados del hidrógeno y optimista con el biometano, pero rezagado en captura de carbono y lastrado por los plazos de desarrollo de las infraestructuras necesarias para hacer efectiva la descarbonización.
El debate confirmó una conclusión que el ponente formuló en clave personal: la descarbonización ha venido para quedarse, aunque avanzará a velocidades distintas según industrias y geografías, y reclama una regulación pragmática, estable y de largo plazo, ajena a todo dogmatismo, junto a una admisión honesta de la dependencia tecnológica de China. Lo sintetizó con una imagen: una molécula de carbono permanece en la atmósfera un siglo, “al menos veinticinco legislaturas”, de modo que solo una visión verdaderamente a largo plazo dará a estas inversiones la certidumbre que necesitan.
Aranzazu Álvarez